lunes, 16 de marzo de 2026

Cuando los errores fiscales del Gobierno Nacional los pagan las regiones

 El Plan Financiero 2026 del gobierno de Gustavo Petro ha sido presentado esta semana como una hoja de ruta responsable para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. En los documentos oficiales las cifras parecen tranquilizadoras: el déficit fiscal se reduce gradualmente y la Regla Fiscal de Colombia se cumple. Sin embargo, cuando se analizan con mayor detalle los supuestos que sostienen esas proyecciones aparece una preocupación creciente: las economías regionales podrían ser las primeras en sentir los efectos si esos supuestos no se cumplen.

 

El plan fiscal descansa sobre la idea de que la economía colombiana retomará un crecimiento suficiente para sostener el recaudo tributario. Pero las cifras recientes muestran un crecimiento moderado. En 2025 el PIB del país aumentó alrededor de 2,6%, reflejando una economía que avanza por debajo de su potencial.  

 

Cuando el crecimiento económico se desacelera, el impacto no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las grandes economías regionales suelen tener mayor capacidad de absorción. Pero en departamentos intermedios, donde la actividad productiva depende más del comercio, la industria regional y la inversión privada, los efectos se sienten con mayor rapidez. Ese es el caso de Risaralda.

 

Aunque el departamento ha logrado diversificar su economía más allá del café, su crecimiento sigue dependiendo en gran medida del dinamismo empresarial y del comercio regional. De hecho, algunos indicadores recientes muestran que el crecimiento económico del departamento ha estado por debajo del promedio nacional, con una variación cercana al 1,5%, reflejando una economía más sensible a los ciclos económicos.  

 

Esto significa que cualquier deterioro del entorno macroeconómico puede tener efectos más visibles en el tejido productivo regional.

 

El ejemplo de Dosquebradas, uno de los principales polos industriales del departamento, ilustra bien esta realidad. Este municipio representa aproximadamente el 20% del PIB de Risaralda, impulsado por su actividad manufacturera y empresarial.  Cuando la inversión se desacelera o el consumo pierde dinamismo, los efectos se transmiten rápidamente al empleo, al comercio y a la actividad empresarial.

 

Por eso el debate sobre el Plan Financiero 2026 no es un asunto exclusivamente técnico que solo deba discutirse en Bogotá. Cuando las proyecciones fiscales se construyen sobre escenarios demasiado optimistas, los riesgos no permanecen en los balances del Ministerio de Hacienda.

 

Se reflejan en proyectos regionales que se retrasan, en inversión pública que se aplaza y en oportunidades de desarrollo que tardan más en llegar a las regiones. El problema de fondo es que cuando las proyecciones fiscales dependen excesivamente del optimismo económico, la planeación financiera deja de ser un ejercicio estrictamente técnico. En ese momento, el presupuesto puede comenzar a responder más a necesidades políticas que a criterios de prudencia macroeconómica. Y cuando eso ocurre, los territorios suelen ser los primeros en enfrentar las consecuencias.

 

Conclusión: La política fiscal no puede construirse sobre el optimismo ni sobre proyecciones que solo funcionan si todo sale perfectamente bien. La estabilidad económica de un país depende de la prudencia, de la credibilidad y de la confianza que generan sus decisiones fiscales. Cuando esas decisiones empiezan a responder más a necesidades políticas que a criterios técnicos, el riesgo no se queda en los documentos del Ministerio de Hacienda. Tarde o temprano se traslada a la economía real: a la inversión que no llega, a los proyectos que se aplazan y a las oportunidades de desarrollo que se retrasan en las regiones. Por eso el verdadero debate sobre el Plan Financiero 2026 no es contable. Es un debate sobre el rumbo económico del país y sobre la responsabilidad con la que se están manejando las finanzas públicas.

Porque cuando las finanzas públicas se construyen sobre el optimismo político y no sobre la prudencia económica, los espejismos fiscales siempre terminan disipándose… pero las consecuencias económicas permanecen.

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