El Agro Colombiano: atrapado entre Ormuz y el desgobierno

 En Colombia seguimos analizando el agro como si fuera un asunto local, cuando en realidad es uno de los sectores más expuestos a la geopolítica global. Hoy, el incremento en los insumos agrícolas no es una percepción: es una presión estructural que combina decisiones internas mal calibradas con choques externos de alto impacto.

 

El primer factor está lejos de nuestras fronteras. El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se ha convertido nuevamente en un punto de tensión. Cada amenaza, cada incidente o cada escalada en la región eleva inmediatamente los precios del crudo y de los fertilizantes, cuyo costo está directamente atado al gas natural y a la energía.

 

Esto no es teoría: fertilizantes como la urea, esenciales para la productividad agrícola, dependen de cadenas globales altamente sensibles al precio del gas. Cuando el petróleo sube, el transporte se encarece, los insumos se disparan y el agricultor colombiano —sin cobertura ni respaldo— termina absorbiendo el golpe.

 

Pero sería cómodo culpar únicamente al contexto internacional.

 

Colombia ha tomado decisiones internas que amplifican este impacto. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios en política energética y la falta de una estrategia clara para garantizar insumos a precios competitivos han debilitado la capacidad del país para amortiguar choques externos.

 

El gobierno del Gustavo Petro ha insistido en una transición energética acelerada sin resolver un problema básico: el agro depende hoy —no en 20 años, hoy— de fertilizantes derivados de hidrocarburos. Desincentivar la exploración y generación de gas sin una alternativa funcional no es transición, es trasladar el costo al productor.

 

El recurso fácil del Estado ha sido ampliar subsidios, pero hay que decirlo con claridad: los subsidios nunca serán suficientes frente a choques estructurales de precios. Son, en el mejor de los casos, un alivio temporal y focalizado, pero no una solución de fondo. Cuando los fertilizantes suben 30%, 40% o más por factores internacionales, ningún programa fiscal sostenible puede cubrir esa brecha sin generar un desbalance en las finanzas públicas. Peor aún, los subsidios mal diseñados terminan distorsionando el mercado, incentivando ineficiencias y llegando tarde o de manera incompleta a quienes realmente producen. Convertir el agro en dependiente de ayudas estatales es condenarlo a la fragilidad permanente.

 

No todos los sectores del agro sufren por igual, y ahí está otro problema que la política pública suele ignorar. Los más golpeados son aquellos altamente dependientes de fertilizantes y de ciclos intensivos de producción: arroz, maíz, papa y café, pilares de la seguridad alimentaria y del ingreso rural. En estos cultivos, el costo de los insumos puede representar entre el 30% y el 50% de la estructura total, lo que hace que cualquier incremento internacional se traduzca de inmediato en pérdida de rentabilidad. A esto se suma la ganadería intensiva y la producción de alimentos balanceados, que dependen de granos importados también afectados por la volatilidad global. Es decir, el impacto no es marginal: está concentrado justamente en los sectores que sostienen el consumo interno del país.

 

El resultado es predecible: menor rentabilidad, reducción en áreas sembradas y presión inflacionaria en alimentos. Es decir, el problema no se queda en el campo; termina golpeando directamente el bolsillo de todos los colombianos.

 

Aquí hay tres conclusiones incómodas pero necesarias. Primero, el país no tiene soberanía agrícola si depende críticamente de insumos importados sin política de cobertura. Segundo, la transición energética sin sincronización sectorial destruye competitividad en lugar de construirla. Y tercero, la improvisación regulatoria es, en la práctica, un impuesto oculto al productor.

 

¿Qué hacer?

 

No se trata de revertir el mundo, pero sí de actuar con rigor: establecer un fondo de estabilización de insumos agrícolas que amortigüe picos internacionales de precios; incentivar la producción nacional de fertilizantes, apalancando gas local mientras exista demanda real; implementar compras agregadas o coberturas internacionales para proteger a pequeños y medianos productores; y, sobre todo, alinear la política energética con la realidad productiva. Sin gas competitivo, no hay agro competitivo.

 

Colombia no puede controlar lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz. Pero sí puede decidir si esos choques externos se convierten en crisis internas.

El Banco de la República “sin independencia”: una línea que Colombia no puede cruzar

 Hay debates que Colombia ya debería haber superado. Sin embargo, cada cierto tiempo resurgen, casi siempre en momentos de presión fiscal o de ambición política. Uno de ellos es la idea de que el Banco de la República debe “alinearse” con el Gobierno.

 

La propuesta no es nueva. Tampoco es inocente. Desde sectores del gobierno del presidente  Gustavo Petro se ha planteado, con distintos matices, que el Banco de la República debería jugar un papel más activo en el impulso del crecimiento económico. En apariencia, suena razonable. En la práctica, implica un riesgo profundo: diluir la independencia de la autoridad monetaria.

 

Colombia ya recorrió ese camino a durante el siglo XIX y las dos primeras decadas del Siglo XX. Y no terminó bien.

 

Antes de la Misión Kemmerer (1923) el país operaba sin una institucionalidad monetaria sólida. La emisión de dinero estaba expuesta a decisiones discrecionales, la confianza era frágil y la economía vulnerable. La reforma liderada por Edwin Walter Kemmerer no solo creó el Banco de la República, sino que introdujo una regla esencial: separar la política monetaria de las necesidades del gobierno de turno.

 

Esa separación no es un dogma ideológico. Es una conclusión empírica. Los datos lo respaldan. Durante las décadas de 1970 y 1980, Colombia registró inflaciones promedio entre el 20% y el 30% anual. No era una economía colapsada, pero sí una economía inestable. Con el fortalecimiento del Banco, especialmente tras la Constitución de 1991, la inflación se redujo de manera sostenida hasta ubicarse en niveles de un dígito, con una meta explícita cercana al 3% en las últimas décadas.

 

Ese resultado no fue casualidad. Fue institucionalidad. Por eso, cuando hoy se sugiere que el Banco debe “coordinarse” con el Ejecutivo, conviene traducir correctamente el lenguaje: se está planteando, en esencia, que la política monetaria deje de ser autónoma para responder —directa o indirectamente— a prioridades gubernamentales.

 

Y ahí es donde aparece el problema de fondo. La política tiene horizontes de corto plazo. La estabilidad monetaria, no. Un gobierno enfrenta presiones inmediatas: gasto social, crecimiento, empleo, popularidad. Un banco central enfrenta una sola responsabilidad: preservar el valor del dinero.

 

Cuando esas dos lógicas se confunden, el resultado suele ser el mismo: inflación. No como accidente, sino como mecanismo. Porque financiar el gasto público vía emisión es, en la práctica, un impuesto silencioso. No pasa por el Congreso, no genera debate inmediato, pero reduce el poder adquisitivo de todos. Y, como siempre, afecta más a quienes menos tienen.

 

La evidencia internacional es clara. Países como Argentina han recurrido de forma recurrente a sus bancos centrales para financiar desequilibrios fiscales, con inflaciones que hoy superan el 100% anual. En Venezuela la subordinación total de la autoridad monetaria al Ejecutivo terminó en hiperinflación y colapso de la moneda.

 

Colombia está lejos de esos escenarios. Precisamente porque ha tenido una institución que ha sabido resistir presiones. Debilitar la independencia del Banco de la República no es un ajuste técnico. Es un cambio estructural en las reglas del juego. Implica trasladar el manejo del dinero —quizá el activo más sensible de una economía— al terreno de la política.

 

Y eso tiene consecuencias inmediatas:

              •            Se deterioran las expectativas de inflación.

              •            Se afecta la credibilidad del país ante inversionistas.

              •            Se presiona la tasa de cambio.

              •            Se encarece el financiamiento del Estado.

 

Es decir, se debilita exactamente aquello que se pretende fortalecer. Un banco central independiente no está diseñado para obstaculizar el crecimiento. Está diseñado para evitar que el crecimiento sea ficticio. Para impedir que se base en expansiones artificiales que, tarde o temprano, terminan en crisis. Ese es el punto que el debate actual parece ignorar.

 

No se trata de defender una institución por inercia. Se trata de entender por qué existe. La independencia del Banco de la República no es un privilegio técnico: es una barrera contra la improvisación económica.

 

Colombia tardó décadas en construir una moneda creíble, una inflación controlada y una institucionalidad respetada.Cruzar esa línea —la de subordinar la política monetaria al poder político— no sería una evolución del modelo. Sería, sin ambigüedades, un retroceso.

 

Y los retrocesos en economía, como la historia lo demuestra, rara vez son gratuitos.