El Banco de la República “sin independencia”: una línea que Colombia no puede cruzar

 Hay debates que Colombia ya debería haber superado. Sin embargo, cada cierto tiempo resurgen, casi siempre en momentos de presión fiscal o de ambición política. Uno de ellos es la idea de que el Banco de la República debe “alinearse” con el Gobierno.

 

La propuesta no es nueva. Tampoco es inocente. Desde sectores del gobierno del presidente  Gustavo Petro se ha planteado, con distintos matices, que el Banco de la República debería jugar un papel más activo en el impulso del crecimiento económico. En apariencia, suena razonable. En la práctica, implica un riesgo profundo: diluir la independencia de la autoridad monetaria.

 

Colombia ya recorrió ese camino a durante el siglo XIX y las dos primeras decadas del Siglo XX. Y no terminó bien.

 

Antes de la Misión Kemmerer (1923) el país operaba sin una institucionalidad monetaria sólida. La emisión de dinero estaba expuesta a decisiones discrecionales, la confianza era frágil y la economía vulnerable. La reforma liderada por Edwin Walter Kemmerer no solo creó el Banco de la República, sino que introdujo una regla esencial: separar la política monetaria de las necesidades del gobierno de turno.

 

Esa separación no es un dogma ideológico. Es una conclusión empírica. Los datos lo respaldan. Durante las décadas de 1970 y 1980, Colombia registró inflaciones promedio entre el 20% y el 30% anual. No era una economía colapsada, pero sí una economía inestable. Con el fortalecimiento del Banco, especialmente tras la Constitución de 1991, la inflación se redujo de manera sostenida hasta ubicarse en niveles de un dígito, con una meta explícita cercana al 3% en las últimas décadas.

 

Ese resultado no fue casualidad. Fue institucionalidad. Por eso, cuando hoy se sugiere que el Banco debe “coordinarse” con el Ejecutivo, conviene traducir correctamente el lenguaje: se está planteando, en esencia, que la política monetaria deje de ser autónoma para responder —directa o indirectamente— a prioridades gubernamentales.

 

Y ahí es donde aparece el problema de fondo. La política tiene horizontes de corto plazo. La estabilidad monetaria, no. Un gobierno enfrenta presiones inmediatas: gasto social, crecimiento, empleo, popularidad. Un banco central enfrenta una sola responsabilidad: preservar el valor del dinero.

 

Cuando esas dos lógicas se confunden, el resultado suele ser el mismo: inflación. No como accidente, sino como mecanismo. Porque financiar el gasto público vía emisión es, en la práctica, un impuesto silencioso. No pasa por el Congreso, no genera debate inmediato, pero reduce el poder adquisitivo de todos. Y, como siempre, afecta más a quienes menos tienen.

 

La evidencia internacional es clara. Países como Argentina han recurrido de forma recurrente a sus bancos centrales para financiar desequilibrios fiscales, con inflaciones que hoy superan el 100% anual. En Venezuela la subordinación total de la autoridad monetaria al Ejecutivo terminó en hiperinflación y colapso de la moneda.

 

Colombia está lejos de esos escenarios. Precisamente porque ha tenido una institución que ha sabido resistir presiones. Debilitar la independencia del Banco de la República no es un ajuste técnico. Es un cambio estructural en las reglas del juego. Implica trasladar el manejo del dinero —quizá el activo más sensible de una economía— al terreno de la política.

 

Y eso tiene consecuencias inmediatas:

              •            Se deterioran las expectativas de inflación.

              •            Se afecta la credibilidad del país ante inversionistas.

              •            Se presiona la tasa de cambio.

              •            Se encarece el financiamiento del Estado.

 

Es decir, se debilita exactamente aquello que se pretende fortalecer. Un banco central independiente no está diseñado para obstaculizar el crecimiento. Está diseñado para evitar que el crecimiento sea ficticio. Para impedir que se base en expansiones artificiales que, tarde o temprano, terminan en crisis. Ese es el punto que el debate actual parece ignorar.

 

No se trata de defender una institución por inercia. Se trata de entender por qué existe. La independencia del Banco de la República no es un privilegio técnico: es una barrera contra la improvisación económica.

 

Colombia tardó décadas en construir una moneda creíble, una inflación controlada y una institucionalidad respetada.Cruzar esa línea —la de subordinar la política monetaria al poder político— no sería una evolución del modelo. Sería, sin ambigüedades, un retroceso.

 

Y los retrocesos en economía, como la historia lo demuestra, rara vez son gratuitos.