El Terremoto terminó, la espera continúa: La reconstrucción que Pereira sigue esperando

 Han pasado más de dos meses desde que, en la mañana del 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Pereira y gran parte del Eje Cafetero, dejando víctimas, miles de damnificados y una ciudad obligada a replantear su futuro. Lo que debía marcar el inicio de una reconstrucción ágil y ejemplar parece haberse convertido en una carrera contra el tiempo, mientras los resultados siguen siendo insuficientes para la magnitud de la tragedia.

 

Las ciudades no solo se destruyen cuando ocurre un terremoto. También comienzan a deteriorarse cuando la respuesta institucional pierde el sentido de urgencia que exige una emergencia de esta dimensión. Hoy, la imagen dominante en varios sectores de Pereira continúa siendo la misma: edificios condenados que siguen en pie, calles parcialmente cerradas, comerciantes esperando respuestas y ciudadanos preguntándose por qué las demoliciones avanzan con tanta lentitud. Es cierto que demoler un edificio no consiste simplemente en llevar una retroexcavadora; cada estructura requiere estudios de ingeniería, procesos jurídicos, evacuaciones, decisiones sobre propiedad privada, manejo ambiental, contratación y estrictos protocolos de seguridad. Sin embargo, esos procedimientos no pueden convertirse en una justificación permanente para la inacción.

 

Cada día que un edificio permanece sin intervenir prolonga la incertidumbre de cientos de familias, retrasa la recuperación del comercio, desalienta nuevas inversiones y mantiene sectores enteros de la ciudad atrapados entre la emergencia y la normalidad. Pero el costo de la espera no se mide únicamente en escombros. También se refleja en la economía. Las estimaciones conocidas indican que la reconstrucción de Pereira podría superar los 13,8 billones de pesos, una cifra equivalente a varias veces la capacidad anual de inversión del municipio. A ello se suma un panorama preocupante: más de 55.000 empleos afectados, cerca de una de cada cinco viviendas con algún nivel de daño, 167 sedes educativas impactadas —afectando a más de 57.000 estudiantes— y un comercio que aún no recupera el dinamismo que convirtió al centro de Pereira en el corazón económico del Eje Cafetero. Las propias demoliciones ilustran la magnitud del desafío. Inicialmente se estimó una inversión cercana a 30.000 millones de pesos, pero posteriormente el costo proyectado aumentó hasta 85.000 millones, con alrededor de 450 estructuras que requieren intervención. Cada retraso no solo incrementa los costos financieros; también prolonga la incertidumbre de miles de familias y empresas que siguen esperando el inicio real de la recuperación.

 

La experiencia internacional demuestra que las ciudades afectadas por grandes terremotos suelen requerir entre tres y diez años para recuperar plenamente su infraestructura, dependiendo de la capacidad financiera y de la eficiencia institucional. Nadie espera que Pereira esté completamente reconstruida en pocos meses. Lo que sí espera la ciudadanía es un plan con metas claras, cronogramas públicos y avances verificables. Y es justamente ahí donde surgen los mayores interrogantes. ¿Cuál es el cronograma definitivo de las demoliciones? ¿Qué criterios determinan las prioridades? ¿Cuándo podrán regresar las familias y reactivarse plenamente las zonas afectadas? La reconstrucción no puede convertirse en una sucesión de anuncios. Los ciudadanos terminarán evaluando esta etapa no por las reuniones realizadas ni por los comunicados oficiales, sino por las obras ejecutadas y por la velocidad con que la ciudad recupere su actividad económica y social.

 

El alcalde de Pereira y el gobernador de Risaralda enfrentan el mayor reto de sus administraciones. La historia no medirá sus discursos durante la emergencia, sino la eficacia de las decisiones adoptadas para devolverle a Pereira la seguridad, la confianza y el dinamismo que siempre la han caracterizado. Pereira siempre ha demostrado una enorme capacidad para levantarse de las dificultades. Su historia está construida sobre el trabajo, el emprendimiento y la solidaridad de una sociedad que muchas veces ha tenido que resolver sus propios desafíos. Pero esa fortaleza ciudadana necesita hoy una institucionalidad que esté a la misma altura.

 

La reconstrucción no puede depender exclusivamente de que el Gobierno Nacional defina, transfiera y ejecute cada una de las soluciones. Esa parece ser, hasta ahora, la expectativa de algunos sectores políticos y empresariales de la ciudad: esperar que desde Bogotá llegue la respuesta definitiva antes de avanzar. Pero una emergencia de esta magnitud exige iniciativa local, capacidad de gestión y acciones paralelas mientras se articulan los recursos nacionales. El municipio, la Gobernación, el sector privado, los gremios y la sociedad civil tienen la responsabilidad de construir una agenda propia de recuperación: acelerar procesos que estén bajo su competencia, identificar soluciones temporales, proteger el empleo, acompañar a los empresarios afectados y generar confianza en quienes todavía dudan si invertir o permanecer en Pereira.

 

Los recursos nacionales serán fundamentales, pero no pueden convertirse en una excusa para la inmovilidad. Las grandes ciudades no se reconstruyen esperando una orden externa; se reconstruyen cuando sus dirigentes toman la iniciativa, coordinan esfuerzos y convierten la dificultad en un propósito colectivo. Los escombros terminarán desapareciendo. La verdadera pregunta es si Pereira será capaz de recuperar rápidamente la confianza, la inversión y el dinamismo que la han convertido en una de las ciudades más importantes del país.

Un Plan Marshall para las zonas afectadas: reconstruir para crecer

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada. Ciudades reducidas a escombros, carreteras destruidas, industrias paralizadas y millones de personas sin vivienda ni empleo. En ese escenario apareció una de las estrategias económicas más exitosas de la historia: el Plan Marshall.

 

En 1948, Estados Unidos puso en marcha un programa de ayuda para reconstruir Europa Occidental. No fue simplemente un acto de solidaridad. Fue una inversión estratégica. Durante cuatro años destinó cerca de 13.000 millones de dólares de la época —equivalentes hoy a más de 150.000 millones de dólares— para recuperar infraestructura, modernizar la industria, estabilizar las finanzas públicas y reactivar el comercio internacional. El resultado fue extraordinario: las economías europeas crecieron aceleradamente, aumentó la productividad y se consolidó un largo período de prosperidad.

 

La lección económica es clara: reconstruir no significa únicamente reparar daños; significa crear las condiciones para producir más riqueza que antes del desastre. Hoy Colombia enfrenta un desafío similar, aunque de una naturaleza completamente distinta. El terremoto que afectó el occidente del país dejó pérdidas humanas irreparables, miles de viviendas destruidas, carreteras colapsadas, hospitales y escuelas averiados y una profunda incertidumbre económica para cientos de municipios. Expertos han advertido que el esfuerzo de reconstrucción será de enorme magnitud y han planteado la necesidad de un “Plan Marshall criollo” que articule al Estado, al sector privado y a la cooperación internacional. (El País)

 

Sin embargo, el error sería pensar que la respuesta consiste únicamente en entregar subsidios o levantar nuevamente las mismas construcciones. Eso sería reconstruir el pasado. Un verdadero Plan Marshall colombiano debe mirar hacia el futuro. La prioridad debe ser recuperar la infraestructura estratégica: carreteras, puentes, acueductos, redes eléctricas, hospitales, escuelas y conectividad digital. Cada peso invertido en estas obras tiene un efecto multiplicador sobre la economía, porque genera empleo inmediato, impulsa la demanda de materiales y mejora la productividad de las empresas durante décadas.

 

Al mismo tiempo, es indispensable facilitar créditos blandos y alivios financieros para agricultores, comerciantes, pequeñas empresas y emprendedores. Si el aparato productivo desaparece, ninguna reconstrucción física será suficiente. La inversión privada también debe convertirse en protagonista. Mediante incentivos tributarios temporales, alianzas público-privadas y reglas claras, muchas empresas nacionales e internacionales podrían participar en proyectos de vivienda, infraestructura, energía, telecomunicaciones y desarrollo regional.

 

La cooperación internacional tampoco debe entenderse como caridad. Organismos multilaterales, bancos de desarrollo y países aliados pueden aportar recursos financieros, asistencia técnica y transferencia de tecnología que aceleren la recuperación. El éxito del Plan Marshall original radicó precisamente en combinar capital, conocimiento y buena gestión.

 

Existe un aspecto aún más importante: la reconstrucción debe hacerse con criterios de resiliencia. No se trata de volver a construir donde existe un riesgo alto no mitigable, sino de planificar mejor el territorio, aplicar normas sismorresistentes, fortalecer los sistemas de prevención y garantizar que las nuevas obras soporten futuros eventos naturales. Ese enfoque de “reconstruir mejor” ya forma parte de la política colombiana de gestión del riesgo.

 

Las grandes tragedias también representan grandes oportunidades. Europa convirtió sus ruinas en el punto de partida de una transformación económica sin precedentes. Colombia puede hacer lo mismo si entiende que la reconstrucción no es un gasto extraordinario, sino una inversión estratégica para elevar la competitividad, reducir las brechas regionales y modernizar su infraestructura.

 

Quizá dentro de algunos años no recordemos este terremoto únicamente por la destrucción que dejó, sino porque fue el momento en que el país decidió reconstruir con visión de largo plazo, disciplina fiscal, transparencia y eficiencia. Para motivar la inversión extranjera, el Gobierno podría crear zonas francas temporales en las regiones afectadas, ofrecer exenciones o reducciones tributarias durante los primeros años de operación, agilizar los trámites para la instalación de empresas, garantizar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, y establecer alianzas público-privadas para proyectos de infraestructura, energía, vivienda, telecomunicaciones y producción. Estos incentivos deberían estar condicionados a compromisos verificables de generación de empleo local, transferencia de tecnología, capacitación de trabajadores y reinversión en la región, de manera que la llegada de capital extranjero contribuya realmente a una recuperación sostenible y no se limite a obtener beneficios fiscales. Ese sería, en esencia, el verdadero legado de un Plan Marshall para Colombia. La reconstrucción debe hacerse con austeridad en el gasto público, priorizando cada peso hacia las obras realmente necesarias; coordinación institucional, para evitar la duplicidad de funciones entre la Nación, los departamentos y los municipios; y, sobre todo, tolerancia cero con la corrupción.

Escándalos que cuestan: el precio económico del desgobierno

 En Colombia, los escándalos dejaron de ser ruido de fondo para convertirse en un factor estructural de deterioro económico durante el gobierno de Gustavo Petro. No es una exageración política: es una lectura técnica de lo que ocurre cuando la inestabilidad institucional deja de ser excepcional y se vuelve norma.

 

Los hechos son contundentes. El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la dirección de Olmedo López, hoy investigado por presuntos desvíos millonarios de recursos públicos, no solo evidencia fallas de control: expone la fragilidad del manejo del gasto estatal en áreas críticas. Recursos destinados a atender emergencias están hoy bajo sospecha. Ese no es un escándalo más; es una señal de descomposición institucional. A esto se suman otros episodios que profundizan el deterioro. El caso de Angie Rodríguez, envuelta en cuestionamientos que han generado ruido dentro del propio gobierno, vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente: la debilidad en los filtros, la validación de perfiles y la gestión del talento público. No es un hecho aislado; es parte de un patrón. cuando ese patrón se combina con situaciones críticas en sectores estratégicos, el mensaje es aún más preocupante. El accidente de una aeronave tipo Hércules de la Fuerza Pública —más allá de las causas específicas que deben establecer las investigaciones— abre preguntas inevitables sobre mantenimiento, gestión de recursos y capacidad operativa del Estado. En cualquier economía seria, este tipo de hechos activa alarmas sobre la eficiencia del gasto y la priorización presupuestal.

 

Pero quizás uno de los mensajes más peligrosos ha sido el de la llamada “paz total”. Lo que se presentó como una apuesta de reconciliación terminó derivando, en múltiples casos, en señales de debilidad institucional. La flexibilización frente a estructuras criminales, la suspensión de órdenes de captura y la permisividad frente a cabecillas como Iván Mordisco y sus hombres, lejos de consolidar seguridad, terminó alimentando la percepción de impunidad. A esto se sumaron decisiones profundamente cuestionadas, como liberaciones de personas privadas de la libertad en contextos cercanos a periodos electorales, generando dudas legítimas sobre los límites entre política, justicia y conveniencia electoral. Porque cuando la institucionalidad comienza a enviar mensajes ambiguos frente al delito, el impacto no es únicamente jurídico: es económico. No existe inversión sólida en un país donde el Estado parece perder autoridad territorial y legitimidad institucional. La seguridad sigue siendo uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico, especialmente en sectores como agroindustria, infraestructura, minería, logística y turismo. Y hoy Colombia transmite exactamente lo contrario: incertidumbre. Como si fuera poco, episodios simbólicos terminaron agravando la percepción de deterioro institucional. La polémica tarima utilizada en Medellín, en medio de tensiones políticas y discursos confrontacionales, y la escandalosa fiesta en la cárcel de Itagüí, convertida prácticamente en un espectáculo de privilegios e irrespeto a la autoridad, son imágenes que terminan consolidando una narrativa devastadora: la pérdida progresiva del control del Estado. Y mientras estos escándalos se acumulan, los indicadores empiezan a reflejarlo.

 

La inversión extranjera directa, que en años recientes rondaba o superaba los USD 14.000 millones, muestra señales de enfriamiento en sectores clave como energía e hidrocarburos, precisamente donde la incertidumbre regulatoria es mayor. El riesgo país, medido a través de los CDS, ha reaccionado en momentos de tensión política, incorporando una prima adicional por la incertidumbre interna. Traducido: hoy financiar a Colombia es más costoso en contextos de inestabilidad. En paralelo, figuras cercanas al poder como Armando Benedetti han protagonizado episodios que tensionan al Ejecutivo, mientras casos como el de Nicolás Petro han abierto investigaciones que golpean directamente la credibilidad del gobierno. No se trata de anticipar fallos judiciales, sino de reconocer un hecho básico: la estabilidad política ya está comprometida. Y cuando la política se vuelve inestable, la economía lo paga.

 

Comparar no es capricho; es necesario. Gobiernos anteriores también enfrentaron escándalos, pero la diferencia radicaba en su manejo: contención, reacción institucional y un esfuerzo por aislar el impacto económico. Hoy ocurre lo contrario. Las crisis se prolongan, se acumulan y se convierten en un elemento permanente del entorno de gobierno. El resultado es un desgaste progresivo. Un gobierno ocupado en defenderse pierde capacidad de gobernar. El capital político se diluye, las reformas estructurales se debilitan y la política económica pierde coherencia. Y sin coherencia, no hay confianza. Sin confianza, no hay inversión. Y sin inversión, no hay crecimiento.

 

Colombia entra así en un terreno peligroso: déficit fiscal presionado, crecimiento insuficiente y una institucionalidad que empieza a mostrar grietas. No es una crisis declarada, pero sí una trayectoria preocupante. Aquí conviene decirlo sin matices: los escándalos no son gratis. Nunca lo han sido. Pero en este gobierno, su acumulación está empezando a pasar factura de manera más visible, más rápida y más profunda.

 

Porque al final, la economía no responde a discursos. Responde a hechos. Y los hechos hoy son claros: cuando un gobierno normaliza el desorden, relativiza la autoridad y convierte la crisis en rutina, el país entero termina pagando el costo del deterioro. 

El Agro Colombiano: atrapado entre Ormuz y el desgobierno

 En Colombia seguimos analizando el agro como si fuera un asunto local, cuando en realidad es uno de los sectores más expuestos a la geopolítica global. Hoy, el incremento en los insumos agrícolas no es una percepción: es una presión estructural que combina decisiones internas mal calibradas con choques externos de alto impacto.

 

El primer factor está lejos de nuestras fronteras. El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se ha convertido nuevamente en un punto de tensión. Cada amenaza, cada incidente o cada escalada en la región eleva inmediatamente los precios del crudo y de los fertilizantes, cuyo costo está directamente atado al gas natural y a la energía.

 

Esto no es teoría: fertilizantes como la urea, esenciales para la productividad agrícola, dependen de cadenas globales altamente sensibles al precio del gas. Cuando el petróleo sube, el transporte se encarece, los insumos se disparan y el agricultor colombiano —sin cobertura ni respaldo— termina absorbiendo el golpe.

 

Pero sería cómodo culpar únicamente al contexto internacional.

 

Colombia ha tomado decisiones internas que amplifican este impacto. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios en política energética y la falta de una estrategia clara para garantizar insumos a precios competitivos han debilitado la capacidad del país para amortiguar choques externos.

 

El gobierno del Gustavo Petro ha insistido en una transición energética acelerada sin resolver un problema básico: el agro depende hoy —no en 20 años, hoy— de fertilizantes derivados de hidrocarburos. Desincentivar la exploración y generación de gas sin una alternativa funcional no es transición, es trasladar el costo al productor.

 

El recurso fácil del Estado ha sido ampliar subsidios, pero hay que decirlo con claridad: los subsidios nunca serán suficientes frente a choques estructurales de precios. Son, en el mejor de los casos, un alivio temporal y focalizado, pero no una solución de fondo. Cuando los fertilizantes suben 30%, 40% o más por factores internacionales, ningún programa fiscal sostenible puede cubrir esa brecha sin generar un desbalance en las finanzas públicas. Peor aún, los subsidios mal diseñados terminan distorsionando el mercado, incentivando ineficiencias y llegando tarde o de manera incompleta a quienes realmente producen. Convertir el agro en dependiente de ayudas estatales es condenarlo a la fragilidad permanente.

 

No todos los sectores del agro sufren por igual, y ahí está otro problema que la política pública suele ignorar. Los más golpeados son aquellos altamente dependientes de fertilizantes y de ciclos intensivos de producción: arroz, maíz, papa y café, pilares de la seguridad alimentaria y del ingreso rural. En estos cultivos, el costo de los insumos puede representar entre el 30% y el 50% de la estructura total, lo que hace que cualquier incremento internacional se traduzca de inmediato en pérdida de rentabilidad. A esto se suma la ganadería intensiva y la producción de alimentos balanceados, que dependen de granos importados también afectados por la volatilidad global. Es decir, el impacto no es marginal: está concentrado justamente en los sectores que sostienen el consumo interno del país.

 

El resultado es predecible: menor rentabilidad, reducción en áreas sembradas y presión inflacionaria en alimentos. Es decir, el problema no se queda en el campo; termina golpeando directamente el bolsillo de todos los colombianos.

 

Aquí hay tres conclusiones incómodas pero necesarias. Primero, el país no tiene soberanía agrícola si depende críticamente de insumos importados sin política de cobertura. Segundo, la transición energética sin sincronización sectorial destruye competitividad en lugar de construirla. Y tercero, la improvisación regulatoria es, en la práctica, un impuesto oculto al productor.

 

¿Qué hacer?

 

No se trata de revertir el mundo, pero sí de actuar con rigor: establecer un fondo de estabilización de insumos agrícolas que amortigüe picos internacionales de precios; incentivar la producción nacional de fertilizantes, apalancando gas local mientras exista demanda real; implementar compras agregadas o coberturas internacionales para proteger a pequeños y medianos productores; y, sobre todo, alinear la política energética con la realidad productiva. Sin gas competitivo, no hay agro competitivo.

 

Colombia no puede controlar lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz. Pero sí puede decidir si esos choques externos se convierten en crisis internas.

El Banco de la República “sin independencia”: una línea que Colombia no puede cruzar

 Hay debates que Colombia ya debería haber superado. Sin embargo, cada cierto tiempo resurgen, casi siempre en momentos de presión fiscal o de ambición política. Uno de ellos es la idea de que el Banco de la República debe “alinearse” con el Gobierno.

 

La propuesta no es nueva. Tampoco es inocente. Desde sectores del gobierno del presidente  Gustavo Petro se ha planteado, con distintos matices, que el Banco de la República debería jugar un papel más activo en el impulso del crecimiento económico. En apariencia, suena razonable. En la práctica, implica un riesgo profundo: diluir la independencia de la autoridad monetaria.

 

Colombia ya recorrió ese camino a durante el siglo XIX y las dos primeras decadas del Siglo XX. Y no terminó bien.

 

Antes de la Misión Kemmerer (1923) el país operaba sin una institucionalidad monetaria sólida. La emisión de dinero estaba expuesta a decisiones discrecionales, la confianza era frágil y la economía vulnerable. La reforma liderada por Edwin Walter Kemmerer no solo creó el Banco de la República, sino que introdujo una regla esencial: separar la política monetaria de las necesidades del gobierno de turno.

 

Esa separación no es un dogma ideológico. Es una conclusión empírica. Los datos lo respaldan. Durante las décadas de 1970 y 1980, Colombia registró inflaciones promedio entre el 20% y el 30% anual. No era una economía colapsada, pero sí una economía inestable. Con el fortalecimiento del Banco, especialmente tras la Constitución de 1991, la inflación se redujo de manera sostenida hasta ubicarse en niveles de un dígito, con una meta explícita cercana al 3% en las últimas décadas.

 

Ese resultado no fue casualidad. Fue institucionalidad. Por eso, cuando hoy se sugiere que el Banco debe “coordinarse” con el Ejecutivo, conviene traducir correctamente el lenguaje: se está planteando, en esencia, que la política monetaria deje de ser autónoma para responder —directa o indirectamente— a prioridades gubernamentales.

 

Y ahí es donde aparece el problema de fondo. La política tiene horizontes de corto plazo. La estabilidad monetaria, no. Un gobierno enfrenta presiones inmediatas: gasto social, crecimiento, empleo, popularidad. Un banco central enfrenta una sola responsabilidad: preservar el valor del dinero.

 

Cuando esas dos lógicas se confunden, el resultado suele ser el mismo: inflación. No como accidente, sino como mecanismo. Porque financiar el gasto público vía emisión es, en la práctica, un impuesto silencioso. No pasa por el Congreso, no genera debate inmediato, pero reduce el poder adquisitivo de todos. Y, como siempre, afecta más a quienes menos tienen.

 

La evidencia internacional es clara. Países como Argentina han recurrido de forma recurrente a sus bancos centrales para financiar desequilibrios fiscales, con inflaciones que hoy superan el 100% anual. En Venezuela la subordinación total de la autoridad monetaria al Ejecutivo terminó en hiperinflación y colapso de la moneda.

 

Colombia está lejos de esos escenarios. Precisamente porque ha tenido una institución que ha sabido resistir presiones. Debilitar la independencia del Banco de la República no es un ajuste técnico. Es un cambio estructural en las reglas del juego. Implica trasladar el manejo del dinero —quizá el activo más sensible de una economía— al terreno de la política.

 

Y eso tiene consecuencias inmediatas:

              •            Se deterioran las expectativas de inflación.

              •            Se afecta la credibilidad del país ante inversionistas.

              •            Se presiona la tasa de cambio.

              •            Se encarece el financiamiento del Estado.

 

Es decir, se debilita exactamente aquello que se pretende fortalecer. Un banco central independiente no está diseñado para obstaculizar el crecimiento. Está diseñado para evitar que el crecimiento sea ficticio. Para impedir que se base en expansiones artificiales que, tarde o temprano, terminan en crisis. Ese es el punto que el debate actual parece ignorar.

 

No se trata de defender una institución por inercia. Se trata de entender por qué existe. La independencia del Banco de la República no es un privilegio técnico: es una barrera contra la improvisación económica.

 

Colombia tardó décadas en construir una moneda creíble, una inflación controlada y una institucionalidad respetada.Cruzar esa línea —la de subordinar la política monetaria al poder político— no sería una evolución del modelo. Sería, sin ambigüedades, un retroceso.

 

Y los retrocesos en economía, como la historia lo demuestra, rara vez son gratuitos.

El poder empresarial en Pereira tiene un precio: La reputación “el negocio de las mentiras”

 En el análisis empresarial tradicional, los riesgos suelen clasificarse en financieros, operativos, legales y de mercado. Sin embargo, en varias grandes organizaciones de Pereira se está consolidando un riesgo menos visible, pero igual o más destructivo: el riesgo reputacional interno inducido deliberadamente desde actores externos como mecanismo de captura de poder.

 

No se trata de percepciones aisladas ni de conflictos normales de gobernanza. Lo que empieza a evidenciarse es un patrón sistemático en el cual personas ajenas a las organizaciones promueven narrativas de desprestigio contra administraciones y juntas directivas con el objetivo de desestabilizar la toma de decisiones y forzar cambios de liderazgo. Es, en términos técnicos, una forma de “captura organizacional exógena”, donde el interés no es mejorar la gestión, sino acceder al control y, con ello, al poder económico que representan estas empresas.

 

El mecanismo es relativamente claro. Desde fuera, se filtran versiones, se posicionan relatos en círculos de influencia, se presiona indirectamente a tomadores de decisión y se construyen percepciones negativas que terminan permeando la organización. Se distorsionan indicadores, se sacan de contexto decisiones estratégicas y se amplifican errores menores. Este fenómeno rompe un principio fundamental de cualquier sistema de gobierno corporativo: la toma de decisiones basada en evidencia. Cuando la información se contamina desde fuentes externas con intereses particulares, la organización entra en un estado de asimetría informativa crítica.

 

A este fenómeno se suma un instrumento particularmente eficaz: el uso estratégico de redes sociales para amplificar la desinformación. A través de cuentas anónimas, portales sin rigor editorial y cadenas de mensajería, se fabrican “noticias” diseñadas para parecer verosímiles, que luego son replicadas sin verificación por actores locales que, por interés o conveniencia, deciden darles circulación. En términos técnicos, se configura un esquema de propagación reputacional donde la velocidad de difusión supera la capacidad de contraste, generando un efecto de validación artificial: lo falso empieza a percibirse como cierto simplemente por su repetición. Así, en cuestión de horas, una narrativa construida puede recorrer toda la ciudad, presionar entornos empresariales y contaminar la percepción de tomadores de decisión, convirtiendo la mentira en un factor real de incidencia. Las consecuencias técnicas son profundas. En primer lugar, se afecta la eficiencia operativa: los equipos empiezan a trabajar bajo incertidumbre, reaccionando a un entorno de presión reputacional que no necesariamente corresponde a la realidad del desempeño. En segundo lugar, se deteriora la calidad de la toma de decisiones, ya que los órganos de gobierno pueden terminar respondiendo a narrativas externas en lugar de evaluar información verificable. En tercer lugar, se incrementa el riesgo de fuga de talento clave, especialmente aquel que no está dispuesto a operar en entornos donde la estabilidad depende de factores ajenos al mérito.

 

A esto se suma un impacto directo en el valor económico de la empresa. La inestabilidad inducida tiende a traducirse en menor capacidad de ejecución, retraso en proyectos estratégicos y debilitamiento de relaciones con stakeholders. Proveedores, aliados e inversionistas perciben señales de interferencia y riesgo institucional. En términos económicos, esto eleva el costo de operación y reduce la competitividad, incluso en empresas que, desde lo técnico, podrían estar funcionando correctamente.

 

Pero quizás el efecto más grave es el deterioro de la gobernanza. Cuando Asambleas, Juntas Directivas o instancias de decisión comienzan a ceder ante presiones externas sin sustento técnico, se vulnera el principio de independencia. En ese punto, la organización deja de ser gobernada desde su interior y pasa a ser influenciada por intereses que no necesariamente están alineados con su sostenibilidad.

 

Lo que está ocurriendo en Pereira, en más de una empresa relevante, no es un asunto menor. Es una alteración en las reglas de juego. Se está desplazando el criterio de acceso al liderazgo: ya no predomina la capacidad de generar valor, sino la habilidad de incidir desde afuera en la percepción interna, incluso a costa de la estabilidad organizacional y peor aún a costa de la reputación e integridad de las personas.

 

Desde una perspectiva estrictamente técnica, esto representa una degradación del sistema empresarial. Se introducen incentivos perversos donde la manipulación externa de la reputación se convierte en una estrategia viable para capturar poder. Y cuando ese comportamiento produce resultados —acceso a posiciones de control o influencia—, se legitima.

 

El problema, entonces, no es únicamente quién llega a dirigir, sino cómo logra posicionarse. Porque una organización que permite que actores externos condicionen su gobernanza está comprometiendo su autonomía y su viabilidad en el mediano y largo plazo.

 

La advertencia es clara: si las empresas no fortalecen sus mecanismos de blindaje institucional, sus sistemas de verificación de información y la independencia real de sus órganos de gobierno, seguirán siendo vulnerables a este tipo de captura.

 

Y en ese escenario, el desenlace es predecible: Cuando el poder se obtiene destruyendo valor, denigrando y mintiendo, lo que sigue no es liderazgo, es decadencia.

Cuando los errores fiscales del Gobierno Nacional los pagan las regiones

 El Plan Financiero 2026 del gobierno de Gustavo Petro ha sido presentado esta semana como una hoja de ruta responsable para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. En los documentos oficiales las cifras parecen tranquilizadoras: el déficit fiscal se reduce gradualmente y la Regla Fiscal de Colombia se cumple. Sin embargo, cuando se analizan con mayor detalle los supuestos que sostienen esas proyecciones aparece una preocupación creciente: las economías regionales podrían ser las primeras en sentir los efectos si esos supuestos no se cumplen.

 

El plan fiscal descansa sobre la idea de que la economía colombiana retomará un crecimiento suficiente para sostener el recaudo tributario. Pero las cifras recientes muestran un crecimiento moderado. En 2025 el PIB del país aumentó alrededor de 2,6%, reflejando una economía que avanza por debajo de su potencial.  

 

Cuando el crecimiento económico se desacelera, el impacto no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las grandes economías regionales suelen tener mayor capacidad de absorción. Pero en departamentos intermedios, donde la actividad productiva depende más del comercio, la industria regional y la inversión privada, los efectos se sienten con mayor rapidez. Ese es el caso de Risaralda.

 

Aunque el departamento ha logrado diversificar su economía más allá del café, su crecimiento sigue dependiendo en gran medida del dinamismo empresarial y del comercio regional. De hecho, algunos indicadores recientes muestran que el crecimiento económico del departamento ha estado por debajo del promedio nacional, con una variación cercana al 1,5%, reflejando una economía más sensible a los ciclos económicos.  

 

Esto significa que cualquier deterioro del entorno macroeconómico puede tener efectos más visibles en el tejido productivo regional.

 

El ejemplo de Dosquebradas, uno de los principales polos industriales del departamento, ilustra bien esta realidad. Este municipio representa aproximadamente el 20% del PIB de Risaralda, impulsado por su actividad manufacturera y empresarial.  Cuando la inversión se desacelera o el consumo pierde dinamismo, los efectos se transmiten rápidamente al empleo, al comercio y a la actividad empresarial.

 

Por eso el debate sobre el Plan Financiero 2026 no es un asunto exclusivamente técnico que solo deba discutirse en Bogotá. Cuando las proyecciones fiscales se construyen sobre escenarios demasiado optimistas, los riesgos no permanecen en los balances del Ministerio de Hacienda.

 

Se reflejan en proyectos regionales que se retrasan, en inversión pública que se aplaza y en oportunidades de desarrollo que tardan más en llegar a las regiones. El problema de fondo es que cuando las proyecciones fiscales dependen excesivamente del optimismo económico, la planeación financiera deja de ser un ejercicio estrictamente técnico. En ese momento, el presupuesto puede comenzar a responder más a necesidades políticas que a criterios de prudencia macroeconómica. Y cuando eso ocurre, los territorios suelen ser los primeros en enfrentar las consecuencias.

 

Conclusión: La política fiscal no puede construirse sobre el optimismo ni sobre proyecciones que solo funcionan si todo sale perfectamente bien. La estabilidad económica de un país depende de la prudencia, de la credibilidad y de la confianza que generan sus decisiones fiscales. Cuando esas decisiones empiezan a responder más a necesidades políticas que a criterios técnicos, el riesgo no se queda en los documentos del Ministerio de Hacienda. Tarde o temprano se traslada a la economía real: a la inversión que no llega, a los proyectos que se aplazan y a las oportunidades de desarrollo que se retrasan en las regiones. Por eso el verdadero debate sobre el Plan Financiero 2026 no es contable. Es un debate sobre el rumbo económico del país y sobre la responsabilidad con la que se están manejando las finanzas públicas.

Porque cuando las finanzas públicas se construyen sobre el optimismo político y no sobre la prudencia económica, los espejismos fiscales siempre terminan disipándose… pero las consecuencias económicas permanecen.