Escándalos que cuestan: el precio económico del desgobierno

 En Colombia, los escándalos dejaron de ser ruido de fondo para convertirse en un factor estructural de deterioro económico durante el gobierno de Gustavo Petro. No es una exageración política: es una lectura técnica de lo que ocurre cuando la inestabilidad institucional deja de ser excepcional y se vuelve norma.

 

Los hechos son contundentes. El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), bajo la dirección de Olmedo López, hoy investigado por presuntos desvíos millonarios de recursos públicos, no solo evidencia fallas de control: expone la fragilidad del manejo del gasto estatal en áreas críticas. Recursos destinados a atender emergencias están hoy bajo sospecha. Ese no es un escándalo más; es una señal de descomposición institucional. A esto se suman otros episodios que profundizan el deterioro. El caso de Angie Rodríguez, envuelta en cuestionamientos que han generado ruido dentro del propio gobierno, vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente: la debilidad en los filtros, la validación de perfiles y la gestión del talento público. No es un hecho aislado; es parte de un patrón. cuando ese patrón se combina con situaciones críticas en sectores estratégicos, el mensaje es aún más preocupante. El accidente de una aeronave tipo Hércules de la Fuerza Pública —más allá de las causas específicas que deben establecer las investigaciones— abre preguntas inevitables sobre mantenimiento, gestión de recursos y capacidad operativa del Estado. En cualquier economía seria, este tipo de hechos activa alarmas sobre la eficiencia del gasto y la priorización presupuestal.

 

Pero quizás uno de los mensajes más peligrosos ha sido el de la llamada “paz total”. Lo que se presentó como una apuesta de reconciliación terminó derivando, en múltiples casos, en señales de debilidad institucional. La flexibilización frente a estructuras criminales, la suspensión de órdenes de captura y la permisividad frente a cabecillas como Iván Mordisco y sus hombres, lejos de consolidar seguridad, terminó alimentando la percepción de impunidad. A esto se sumaron decisiones profundamente cuestionadas, como liberaciones de personas privadas de la libertad en contextos cercanos a periodos electorales, generando dudas legítimas sobre los límites entre política, justicia y conveniencia electoral. Porque cuando la institucionalidad comienza a enviar mensajes ambiguos frente al delito, el impacto no es únicamente jurídico: es económico. No existe inversión sólida en un país donde el Estado parece perder autoridad territorial y legitimidad institucional. La seguridad sigue siendo uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico, especialmente en sectores como agroindustria, infraestructura, minería, logística y turismo. Y hoy Colombia transmite exactamente lo contrario: incertidumbre. Como si fuera poco, episodios simbólicos terminaron agravando la percepción de deterioro institucional. La polémica tarima utilizada en Medellín, en medio de tensiones políticas y discursos confrontacionales, y la escandalosa fiesta en la cárcel de Itagüí, convertida prácticamente en un espectáculo de privilegios e irrespeto a la autoridad, son imágenes que terminan consolidando una narrativa devastadora: la pérdida progresiva del control del Estado. Y mientras estos escándalos se acumulan, los indicadores empiezan a reflejarlo.

 

La inversión extranjera directa, que en años recientes rondaba o superaba los USD 14.000 millones, muestra señales de enfriamiento en sectores clave como energía e hidrocarburos, precisamente donde la incertidumbre regulatoria es mayor. El riesgo país, medido a través de los CDS, ha reaccionado en momentos de tensión política, incorporando una prima adicional por la incertidumbre interna. Traducido: hoy financiar a Colombia es más costoso en contextos de inestabilidad. En paralelo, figuras cercanas al poder como Armando Benedetti han protagonizado episodios que tensionan al Ejecutivo, mientras casos como el de Nicolás Petro han abierto investigaciones que golpean directamente la credibilidad del gobierno. No se trata de anticipar fallos judiciales, sino de reconocer un hecho básico: la estabilidad política ya está comprometida. Y cuando la política se vuelve inestable, la economía lo paga.

 

Comparar no es capricho; es necesario. Gobiernos anteriores también enfrentaron escándalos, pero la diferencia radicaba en su manejo: contención, reacción institucional y un esfuerzo por aislar el impacto económico. Hoy ocurre lo contrario. Las crisis se prolongan, se acumulan y se convierten en un elemento permanente del entorno de gobierno. El resultado es un desgaste progresivo. Un gobierno ocupado en defenderse pierde capacidad de gobernar. El capital político se diluye, las reformas estructurales se debilitan y la política económica pierde coherencia. Y sin coherencia, no hay confianza. Sin confianza, no hay inversión. Y sin inversión, no hay crecimiento.

 

Colombia entra así en un terreno peligroso: déficit fiscal presionado, crecimiento insuficiente y una institucionalidad que empieza a mostrar grietas. No es una crisis declarada, pero sí una trayectoria preocupante. Aquí conviene decirlo sin matices: los escándalos no son gratis. Nunca lo han sido. Pero en este gobierno, su acumulación está empezando a pasar factura de manera más visible, más rápida y más profunda.

 

Porque al final, la economía no responde a discursos. Responde a hechos. Y los hechos hoy son claros: cuando un gobierno normaliza el desorden, relativiza la autoridad y convierte la crisis en rutina, el país entero termina pagando el costo del deterioro. 

El Agro Colombiano: atrapado entre Ormuz y el desgobierno

 En Colombia seguimos analizando el agro como si fuera un asunto local, cuando en realidad es uno de los sectores más expuestos a la geopolítica global. Hoy, el incremento en los insumos agrícolas no es una percepción: es una presión estructural que combina decisiones internas mal calibradas con choques externos de alto impacto.

 

El primer factor está lejos de nuestras fronteras. El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se ha convertido nuevamente en un punto de tensión. Cada amenaza, cada incidente o cada escalada en la región eleva inmediatamente los precios del crudo y de los fertilizantes, cuyo costo está directamente atado al gas natural y a la energía.

 

Esto no es teoría: fertilizantes como la urea, esenciales para la productividad agrícola, dependen de cadenas globales altamente sensibles al precio del gas. Cuando el petróleo sube, el transporte se encarece, los insumos se disparan y el agricultor colombiano —sin cobertura ni respaldo— termina absorbiendo el golpe.

 

Pero sería cómodo culpar únicamente al contexto internacional.

 

Colombia ha tomado decisiones internas que amplifican este impacto. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios en política energética y la falta de una estrategia clara para garantizar insumos a precios competitivos han debilitado la capacidad del país para amortiguar choques externos.

 

El gobierno del Gustavo Petro ha insistido en una transición energética acelerada sin resolver un problema básico: el agro depende hoy —no en 20 años, hoy— de fertilizantes derivados de hidrocarburos. Desincentivar la exploración y generación de gas sin una alternativa funcional no es transición, es trasladar el costo al productor.

 

El recurso fácil del Estado ha sido ampliar subsidios, pero hay que decirlo con claridad: los subsidios nunca serán suficientes frente a choques estructurales de precios. Son, en el mejor de los casos, un alivio temporal y focalizado, pero no una solución de fondo. Cuando los fertilizantes suben 30%, 40% o más por factores internacionales, ningún programa fiscal sostenible puede cubrir esa brecha sin generar un desbalance en las finanzas públicas. Peor aún, los subsidios mal diseñados terminan distorsionando el mercado, incentivando ineficiencias y llegando tarde o de manera incompleta a quienes realmente producen. Convertir el agro en dependiente de ayudas estatales es condenarlo a la fragilidad permanente.

 

No todos los sectores del agro sufren por igual, y ahí está otro problema que la política pública suele ignorar. Los más golpeados son aquellos altamente dependientes de fertilizantes y de ciclos intensivos de producción: arroz, maíz, papa y café, pilares de la seguridad alimentaria y del ingreso rural. En estos cultivos, el costo de los insumos puede representar entre el 30% y el 50% de la estructura total, lo que hace que cualquier incremento internacional se traduzca de inmediato en pérdida de rentabilidad. A esto se suma la ganadería intensiva y la producción de alimentos balanceados, que dependen de granos importados también afectados por la volatilidad global. Es decir, el impacto no es marginal: está concentrado justamente en los sectores que sostienen el consumo interno del país.

 

El resultado es predecible: menor rentabilidad, reducción en áreas sembradas y presión inflacionaria en alimentos. Es decir, el problema no se queda en el campo; termina golpeando directamente el bolsillo de todos los colombianos.

 

Aquí hay tres conclusiones incómodas pero necesarias. Primero, el país no tiene soberanía agrícola si depende críticamente de insumos importados sin política de cobertura. Segundo, la transición energética sin sincronización sectorial destruye competitividad en lugar de construirla. Y tercero, la improvisación regulatoria es, en la práctica, un impuesto oculto al productor.

 

¿Qué hacer?

 

No se trata de revertir el mundo, pero sí de actuar con rigor: establecer un fondo de estabilización de insumos agrícolas que amortigüe picos internacionales de precios; incentivar la producción nacional de fertilizantes, apalancando gas local mientras exista demanda real; implementar compras agregadas o coberturas internacionales para proteger a pequeños y medianos productores; y, sobre todo, alinear la política energética con la realidad productiva. Sin gas competitivo, no hay agro competitivo.

 

Colombia no puede controlar lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz. Pero sí puede decidir si esos choques externos se convierten en crisis internas.

El Banco de la República “sin independencia”: una línea que Colombia no puede cruzar

 Hay debates que Colombia ya debería haber superado. Sin embargo, cada cierto tiempo resurgen, casi siempre en momentos de presión fiscal o de ambición política. Uno de ellos es la idea de que el Banco de la República debe “alinearse” con el Gobierno.

 

La propuesta no es nueva. Tampoco es inocente. Desde sectores del gobierno del presidente  Gustavo Petro se ha planteado, con distintos matices, que el Banco de la República debería jugar un papel más activo en el impulso del crecimiento económico. En apariencia, suena razonable. En la práctica, implica un riesgo profundo: diluir la independencia de la autoridad monetaria.

 

Colombia ya recorrió ese camino a durante el siglo XIX y las dos primeras decadas del Siglo XX. Y no terminó bien.

 

Antes de la Misión Kemmerer (1923) el país operaba sin una institucionalidad monetaria sólida. La emisión de dinero estaba expuesta a decisiones discrecionales, la confianza era frágil y la economía vulnerable. La reforma liderada por Edwin Walter Kemmerer no solo creó el Banco de la República, sino que introdujo una regla esencial: separar la política monetaria de las necesidades del gobierno de turno.

 

Esa separación no es un dogma ideológico. Es una conclusión empírica. Los datos lo respaldan. Durante las décadas de 1970 y 1980, Colombia registró inflaciones promedio entre el 20% y el 30% anual. No era una economía colapsada, pero sí una economía inestable. Con el fortalecimiento del Banco, especialmente tras la Constitución de 1991, la inflación se redujo de manera sostenida hasta ubicarse en niveles de un dígito, con una meta explícita cercana al 3% en las últimas décadas.

 

Ese resultado no fue casualidad. Fue institucionalidad. Por eso, cuando hoy se sugiere que el Banco debe “coordinarse” con el Ejecutivo, conviene traducir correctamente el lenguaje: se está planteando, en esencia, que la política monetaria deje de ser autónoma para responder —directa o indirectamente— a prioridades gubernamentales.

 

Y ahí es donde aparece el problema de fondo. La política tiene horizontes de corto plazo. La estabilidad monetaria, no. Un gobierno enfrenta presiones inmediatas: gasto social, crecimiento, empleo, popularidad. Un banco central enfrenta una sola responsabilidad: preservar el valor del dinero.

 

Cuando esas dos lógicas se confunden, el resultado suele ser el mismo: inflación. No como accidente, sino como mecanismo. Porque financiar el gasto público vía emisión es, en la práctica, un impuesto silencioso. No pasa por el Congreso, no genera debate inmediato, pero reduce el poder adquisitivo de todos. Y, como siempre, afecta más a quienes menos tienen.

 

La evidencia internacional es clara. Países como Argentina han recurrido de forma recurrente a sus bancos centrales para financiar desequilibrios fiscales, con inflaciones que hoy superan el 100% anual. En Venezuela la subordinación total de la autoridad monetaria al Ejecutivo terminó en hiperinflación y colapso de la moneda.

 

Colombia está lejos de esos escenarios. Precisamente porque ha tenido una institución que ha sabido resistir presiones. Debilitar la independencia del Banco de la República no es un ajuste técnico. Es un cambio estructural en las reglas del juego. Implica trasladar el manejo del dinero —quizá el activo más sensible de una economía— al terreno de la política.

 

Y eso tiene consecuencias inmediatas:

              •            Se deterioran las expectativas de inflación.

              •            Se afecta la credibilidad del país ante inversionistas.

              •            Se presiona la tasa de cambio.

              •            Se encarece el financiamiento del Estado.

 

Es decir, se debilita exactamente aquello que se pretende fortalecer. Un banco central independiente no está diseñado para obstaculizar el crecimiento. Está diseñado para evitar que el crecimiento sea ficticio. Para impedir que se base en expansiones artificiales que, tarde o temprano, terminan en crisis. Ese es el punto que el debate actual parece ignorar.

 

No se trata de defender una institución por inercia. Se trata de entender por qué existe. La independencia del Banco de la República no es un privilegio técnico: es una barrera contra la improvisación económica.

 

Colombia tardó décadas en construir una moneda creíble, una inflación controlada y una institucionalidad respetada.Cruzar esa línea —la de subordinar la política monetaria al poder político— no sería una evolución del modelo. Sería, sin ambigüedades, un retroceso.

 

Y los retrocesos en economía, como la historia lo demuestra, rara vez son gratuitos.

El poder empresarial en Pereira tiene un precio: La reputación “el negocio de las mentiras”

 En el análisis empresarial tradicional, los riesgos suelen clasificarse en financieros, operativos, legales y de mercado. Sin embargo, en varias grandes organizaciones de Pereira se está consolidando un riesgo menos visible, pero igual o más destructivo: el riesgo reputacional interno inducido deliberadamente desde actores externos como mecanismo de captura de poder.

 

No se trata de percepciones aisladas ni de conflictos normales de gobernanza. Lo que empieza a evidenciarse es un patrón sistemático en el cual personas ajenas a las organizaciones promueven narrativas de desprestigio contra administraciones y juntas directivas con el objetivo de desestabilizar la toma de decisiones y forzar cambios de liderazgo. Es, en términos técnicos, una forma de “captura organizacional exógena”, donde el interés no es mejorar la gestión, sino acceder al control y, con ello, al poder económico que representan estas empresas.

 

El mecanismo es relativamente claro. Desde fuera, se filtran versiones, se posicionan relatos en círculos de influencia, se presiona indirectamente a tomadores de decisión y se construyen percepciones negativas que terminan permeando la organización. Se distorsionan indicadores, se sacan de contexto decisiones estratégicas y se amplifican errores menores. Este fenómeno rompe un principio fundamental de cualquier sistema de gobierno corporativo: la toma de decisiones basada en evidencia. Cuando la información se contamina desde fuentes externas con intereses particulares, la organización entra en un estado de asimetría informativa crítica.

 

A este fenómeno se suma un instrumento particularmente eficaz: el uso estratégico de redes sociales para amplificar la desinformación. A través de cuentas anónimas, portales sin rigor editorial y cadenas de mensajería, se fabrican “noticias” diseñadas para parecer verosímiles, que luego son replicadas sin verificación por actores locales que, por interés o conveniencia, deciden darles circulación. En términos técnicos, se configura un esquema de propagación reputacional donde la velocidad de difusión supera la capacidad de contraste, generando un efecto de validación artificial: lo falso empieza a percibirse como cierto simplemente por su repetición. Así, en cuestión de horas, una narrativa construida puede recorrer toda la ciudad, presionar entornos empresariales y contaminar la percepción de tomadores de decisión, convirtiendo la mentira en un factor real de incidencia. Las consecuencias técnicas son profundas. En primer lugar, se afecta la eficiencia operativa: los equipos empiezan a trabajar bajo incertidumbre, reaccionando a un entorno de presión reputacional que no necesariamente corresponde a la realidad del desempeño. En segundo lugar, se deteriora la calidad de la toma de decisiones, ya que los órganos de gobierno pueden terminar respondiendo a narrativas externas en lugar de evaluar información verificable. En tercer lugar, se incrementa el riesgo de fuga de talento clave, especialmente aquel que no está dispuesto a operar en entornos donde la estabilidad depende de factores ajenos al mérito.

 

A esto se suma un impacto directo en el valor económico de la empresa. La inestabilidad inducida tiende a traducirse en menor capacidad de ejecución, retraso en proyectos estratégicos y debilitamiento de relaciones con stakeholders. Proveedores, aliados e inversionistas perciben señales de interferencia y riesgo institucional. En términos económicos, esto eleva el costo de operación y reduce la competitividad, incluso en empresas que, desde lo técnico, podrían estar funcionando correctamente.

 

Pero quizás el efecto más grave es el deterioro de la gobernanza. Cuando Asambleas, Juntas Directivas o instancias de decisión comienzan a ceder ante presiones externas sin sustento técnico, se vulnera el principio de independencia. En ese punto, la organización deja de ser gobernada desde su interior y pasa a ser influenciada por intereses que no necesariamente están alineados con su sostenibilidad.

 

Lo que está ocurriendo en Pereira, en más de una empresa relevante, no es un asunto menor. Es una alteración en las reglas de juego. Se está desplazando el criterio de acceso al liderazgo: ya no predomina la capacidad de generar valor, sino la habilidad de incidir desde afuera en la percepción interna, incluso a costa de la estabilidad organizacional y peor aún a costa de la reputación e integridad de las personas.

 

Desde una perspectiva estrictamente técnica, esto representa una degradación del sistema empresarial. Se introducen incentivos perversos donde la manipulación externa de la reputación se convierte en una estrategia viable para capturar poder. Y cuando ese comportamiento produce resultados —acceso a posiciones de control o influencia—, se legitima.

 

El problema, entonces, no es únicamente quién llega a dirigir, sino cómo logra posicionarse. Porque una organización que permite que actores externos condicionen su gobernanza está comprometiendo su autonomía y su viabilidad en el mediano y largo plazo.

 

La advertencia es clara: si las empresas no fortalecen sus mecanismos de blindaje institucional, sus sistemas de verificación de información y la independencia real de sus órganos de gobierno, seguirán siendo vulnerables a este tipo de captura.

 

Y en ese escenario, el desenlace es predecible: Cuando el poder se obtiene destruyendo valor, denigrando y mintiendo, lo que sigue no es liderazgo, es decadencia.

Cuando los errores fiscales del Gobierno Nacional los pagan las regiones

 El Plan Financiero 2026 del gobierno de Gustavo Petro ha sido presentado esta semana como una hoja de ruta responsable para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. En los documentos oficiales las cifras parecen tranquilizadoras: el déficit fiscal se reduce gradualmente y la Regla Fiscal de Colombia se cumple. Sin embargo, cuando se analizan con mayor detalle los supuestos que sostienen esas proyecciones aparece una preocupación creciente: las economías regionales podrían ser las primeras en sentir los efectos si esos supuestos no se cumplen.

 

El plan fiscal descansa sobre la idea de que la economía colombiana retomará un crecimiento suficiente para sostener el recaudo tributario. Pero las cifras recientes muestran un crecimiento moderado. En 2025 el PIB del país aumentó alrededor de 2,6%, reflejando una economía que avanza por debajo de su potencial.  

 

Cuando el crecimiento económico se desacelera, el impacto no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Las grandes economías regionales suelen tener mayor capacidad de absorción. Pero en departamentos intermedios, donde la actividad productiva depende más del comercio, la industria regional y la inversión privada, los efectos se sienten con mayor rapidez. Ese es el caso de Risaralda.

 

Aunque el departamento ha logrado diversificar su economía más allá del café, su crecimiento sigue dependiendo en gran medida del dinamismo empresarial y del comercio regional. De hecho, algunos indicadores recientes muestran que el crecimiento económico del departamento ha estado por debajo del promedio nacional, con una variación cercana al 1,5%, reflejando una economía más sensible a los ciclos económicos.  

 

Esto significa que cualquier deterioro del entorno macroeconómico puede tener efectos más visibles en el tejido productivo regional.

 

El ejemplo de Dosquebradas, uno de los principales polos industriales del departamento, ilustra bien esta realidad. Este municipio representa aproximadamente el 20% del PIB de Risaralda, impulsado por su actividad manufacturera y empresarial.  Cuando la inversión se desacelera o el consumo pierde dinamismo, los efectos se transmiten rápidamente al empleo, al comercio y a la actividad empresarial.

 

Por eso el debate sobre el Plan Financiero 2026 no es un asunto exclusivamente técnico que solo deba discutirse en Bogotá. Cuando las proyecciones fiscales se construyen sobre escenarios demasiado optimistas, los riesgos no permanecen en los balances del Ministerio de Hacienda.

 

Se reflejan en proyectos regionales que se retrasan, en inversión pública que se aplaza y en oportunidades de desarrollo que tardan más en llegar a las regiones. El problema de fondo es que cuando las proyecciones fiscales dependen excesivamente del optimismo económico, la planeación financiera deja de ser un ejercicio estrictamente técnico. En ese momento, el presupuesto puede comenzar a responder más a necesidades políticas que a criterios de prudencia macroeconómica. Y cuando eso ocurre, los territorios suelen ser los primeros en enfrentar las consecuencias.

 

Conclusión: La política fiscal no puede construirse sobre el optimismo ni sobre proyecciones que solo funcionan si todo sale perfectamente bien. La estabilidad económica de un país depende de la prudencia, de la credibilidad y de la confianza que generan sus decisiones fiscales. Cuando esas decisiones empiezan a responder más a necesidades políticas que a criterios técnicos, el riesgo no se queda en los documentos del Ministerio de Hacienda. Tarde o temprano se traslada a la economía real: a la inversión que no llega, a los proyectos que se aplazan y a las oportunidades de desarrollo que se retrasan en las regiones. Por eso el verdadero debate sobre el Plan Financiero 2026 no es contable. Es un debate sobre el rumbo económico del país y sobre la responsabilidad con la que se están manejando las finanzas públicas.

Porque cuando las finanzas públicas se construyen sobre el optimismo político y no sobre la prudencia económica, los espejismos fiscales siempre terminan disipándose… pero las consecuencias económicas permanecen.

Colombia 2026: Crecimiento sin cimientos y la erosión silenciosa de la confianza

 En economía, no todo crecimiento es sinónimo de fortaleza. A pocos meses de concluir el actual ciclo gubernamental, Colombia exhibe una cifra que el Ejecutivo presenta como prueba de resiliencia: un crecimiento del PIB cercano al 2,6% en 2025. Sin embargo, detrás de ese número se esconde una pregunta incómoda: ¿estamos ante una recuperación estructural o frente a un estímulo transitorio financiado con deuda?

El problema no es la cifra, sino su composición. Cuando el principal impulsor del crecimiento es el gasto público y no la formación bruta de capital, lo que se obtiene no es expansión sostenible, sino una ilusión estadística. Y las ilusiones, en macroeconomía, suelen cobrarse con intereses.

I. La fragilidad fiscal: déficit estructural y pérdida de anclas

Colombia llega a 2026 con un déficit fiscal elevado y una deuda pública que permanece en niveles históricamente altos como proporción del PIB. Más preocupante aún es el carácter estructural del desequilibrio: el gasto rígido crece más rápido que los ingresos permanentes.

El argumento oficial sostiene que el endeudamiento responde a obligaciones heredadas y a la necesidad de proteger el gasto social en un entorno de desaceleración. Sin embargo, el debate no puede reducirse a la legitimidad del gasto, sino a su sostenibilidad intertemporal. Financiar transferencias corrientes con deuda cara, en un contexto de tasas reales aún altas, implica trasladar el ajuste hacia adelante, comprometiendo la capacidad fiscal de la próxima administración.

La credibilidad fiscal no se pierde de un día para otro; se erosiona gradualmente cuando el mercado percibe que la regla fiscal se flexibiliza, que las metas se reinterpretan y que las reformas tributarias no generan ingresos estructurales sino alivios transitorios. La consecuencia no es abstracta: mayor prima de riesgo, encarecimiento del servicio de la deuda y desplazamiento de inversión privada por absorción de ahorro interno.

El Estado se convierte así en el principal demandante de recursos financieros, compitiendo con el sector productivo. El resultado es una economía menos dinámica, más dependiente del presupuesto y más vulnerable a choques externos.

II. Inversión privada: la variable que revela la verdad

La formación bruta de capital fijo continúa rezagada. Esta es la señal más clara de que el crecimiento reciente no descansa sobre bases sólidas. La inversión no responde a discursos, sino a expectativas de estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y horizonte energético claro.

La ambigüedad en la política de transición energética ha generado un efecto paralizante. Mientras se promueve un cambio estructural en la matriz productiva, no se ha definido con precisión el cronograma, los incentivos ni las garantías para la inversión en sectores tradicionales que aún financian buena parte del gasto público. La caída en la producción de hidrocarburos durante 2025 no es solo un dato sectorial: es una señal de advertencia sobre la sostenibilidad fiscal y externa.

Sin inversión, no hay aumento de productividad ni crecimiento potencial. Y sin crecimiento potencial, el país queda atrapado en una expansión cíclica de bajo nivel, donde cada punto adicional de PIB requiere mayores estímulos fiscales. Es una dinámica insostenible.

III. Inflación, salario mínimo e indexación: el riesgo latente

Si bien la inflación ha descendido desde los máximos observados en años anteriores, las proyecciones la ubican aún por encima de la meta del banco central. Esto plantea un dilema: consolidar la desinflación o ceder ante presiones distributivas de corto plazo.

Los incrementos significativos del salario mínimo, aunque políticamente populares, deben analizarse desde la productividad laboral. Cuando el salario crece persistentemente por encima de la productividad, se generan presiones sobre los costos empresariales que se trasladan a precios o a informalidad. En economías con alta indexación implícita —contratos, arriendos, tarifas, servicios— el riesgo es consolidar un piso inflacionario superior al objetivo.

Las propuestas de controles de precios o intervenciones administrativas para contener efectos secundarios profundizan las distorsiones. La experiencia comparada demuestra que tales mecanismos generan escasez relativa, menor inversión y señales erróneas de mercado. El resultado final no es menor inflación, sino menor crecimiento.

El banco central se ve entonces forzado a mantener tasas de interés restrictivas por más tiempo, afectando el crédito productivo y el consumo duradero. La política monetaria termina corrigiendo desequilibrios generados por decisiones fiscales y salariales expansivas.

IV. Confianza institucional: el activo intangible en riesgo

Más allá de las cifras, el verdadero desafío es la confianza. La inversión responde a expectativas. Y las expectativas se construyen sobre coherencia, previsibilidad y respeto por reglas de juego.

La reiteración de discursos confrontacionales hacia sectores estratégicos, la incertidumbre sobre reformas estructurales y la percepción de improvisación en decisiones económicas erosionan ese capital intangible. No es casual que la inversión extranjera directa muestre volatilidad y que los agentes económicos adopten posiciones defensivas.

En macroeconomía, la confianza es un multiplicador silencioso: cuando existe, reduce primas de riesgo y acelera inversión; cuando se pierde, incluso el estímulo fiscal más agresivo resulta insuficiente.

Conclusión: crecimiento aparente, riesgos reales

Colombia no enfrenta una crisis inmediata, pero sí un deterioro gradual de sus fundamentos. El crecimiento de 2025 no puede interpretarse como validación de la estrategia económica actual si está sostenido por expansión fiscal y consumo financiado.

El país necesita reconstruir anclas: disciplina fiscal creíble, reforma tributaria estructural que amplíe base y reduzca evasión, política energética clara y respeto irrestricto por la institucionalidad económica. De lo contrario, el próximo gobierno heredará un margen de maniobra estrecho, mayor costo financiero y menor espacio para políticas contracíclicas.

El debate no es ideológico; es técnico. La pregunta central es si queremos crecimiento sostenido basado en inversión y productividad, o expansión coyuntural apoyada en deuda.

Las cifras de hoy pueden celebrarse. Las de mañana dependerán de las decisiones que se tomen ahora. Y en economía, el tiempo perdido rara vez se recupera sin costos.

 

Colombia no crecerá por decreto: las decisiones incómodas que el próximo presidente tendrá que tomar

 En Colombia se ha vuelto costumbre prometer crecimiento económico sin explicar cómo lograrlo. Se habla de justicia social, de subsidios, de reformas, de impuestos y de cambios estructurales, pero se evita decir una verdad incómoda: ningún país crece de manera sostenida si no produce más, exporta más y atrae inversión de manera permanente. Si el próximo presidente realmente quiere fortalecer la economía y acercar a Colombia al ritmo de crecimiento de economías más sólidas, tendrá que tomar decisiones que no siempre son populares, pero sí necesarias. 

Primero: dejar de ver a la empresa como sospechosa: Durante años, el discurso público ha oscilado entre la desconfianza y la confrontación hacia el sector productivo. Sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay consumo y sin consumo no hay crecimiento. Es una cadena elemental. El país necesita reglas claras, estabilidad jurídica y mensajes coherentes. La inversión no  llega por patriotismo ni por discursos; llega cuando existen garantías y previsibilidad.

Segundo: admitir que el Estado no puede hacerlo todo: Existe la idea persistente de que el gasto público es la solución a todos los problemas. No lo es. El Estado cumple un papel fundamental, pero cuando pretende reemplazar la iniciativa privada, los resultados suelen ser ineficiencia, burocracia y endeudamiento. El crecimiento real no nace en los escritorios oficiales, nace en las empresas, en los emprendedores y en la productividad.

Tercero: dejar de castigar al que produce: Colombia tiene uno de los sistemas tributarios más complejos y cambiantes de la región. Cada reforma promete ser la definitiva y termina generando más incertidumbre. El país necesita estabilidad tributaria, no creatividad fiscal permanente. Los inversionistas pueden adaptarse a impuestos altos o bajos, pero no a reglas que cambian cada año.

Cuarto: enfrentar el atraso en infraestructura sin discursos triunfalistas: Transportar mercancía en Colombia sigue siendo caro, lento y, en muchos casos, impredecible. Esto no es un problema menor: es una de las principales razones por las que el país pierde competitividad. Mientras movilizar un producto dentro del país cueste más que enviarlo al exterior, hablar de competitividad será más retórica que realidad. 

Quinto: entender que el crecimiento no se decreta: El crecimiento económico no se logra con anuncios, ni con discursos, ni con optimismo. Se logra con disciplina fiscal, confianza, productividad y apertura al mundo. Pretender que la economía crecerá simplemente aumentando el gasto o cambiando el modelo por razones ideológicas es desconocer la experiencia de los países que han logrado desarrollarse.

Sexto: invertir en educación productiva, no solo en cobertura: Durante décadas se ha hablado de educación como prioridad, pero pocas veces se conecta este tema con la productividad real del país. No basta con aumentar el acceso; es necesario formar técnicos, tecnólogos y profesionales en áreas que realmente impulsen la economía: logística, industria, agroindustria, tecnología, comercio exterior y servicios especializados. Un país que no forma talento alineado con su economía termina condenando a miles de jóvenes al desempleo o a la informalidad.

Séptimo: combatir la informalidad con realismo, no con sanciones: Más de la mitad de la economía colombiana se mueve en la informalidad. Pensar que este fenómeno se resuelve con controles y multas es desconocer la realidad. La informalidad existe porque ser formal muchas veces es costoso, complejo y poco rentable. Reducir trámites, simplificar impuestos y facilitar el acceso al crédito puede hacer más por la formalización que cualquier campaña o decreto.

Octavo: recuperar la confianza en el futuro: El crecimiento económico también depende de algo intangible pero decisivo: la expectativa. Cuando los empresarios dudan, frenan inversiones; cuando  las familias sienten incertidumbre, reducen el consumo; cuando los jóvenes no ven oportunidades, emigran o se resignan. Un país que pierde la confianza en su propio futuro empieza a estancarse incluso antes de que los indicadores lo reflejen.

Una verdad que pocos quieren decir

Colombia no tiene un problema de falta de recursos; tiene un problema de prioridades, de ejecución y, sobre todo, de visión de largo plazo. El próximo presidente no será recordado por lacantidad de reformas que proponga, sino por su capacidad de generar confianza, atraer inversión y permitir que el país produzca más.

Porque, al final, el crecimiento económico no depende de discursos. Depende de decisiones. Y casi siempre, las decisiones correctas son también las más difíciles de tomar.