En Colombia seguimos analizando el agro como si fuera un asunto local, cuando en realidad es uno de los sectores más expuestos a la geopolítica global. Hoy, el incremento en los insumos agrícolas no es una percepción: es una presión estructural que combina decisiones internas mal calibradas con choques externos de alto impacto.
El primer factor está lejos de nuestras fronteras. El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se ha convertido nuevamente en un punto de tensión. Cada amenaza, cada incidente o cada escalada en la región eleva inmediatamente los precios del crudo y de los fertilizantes, cuyo costo está directamente atado al gas natural y a la energía.
Esto no es teoría: fertilizantes como la urea, esenciales para la productividad agrícola, dependen de cadenas globales altamente sensibles al precio del gas. Cuando el petróleo sube, el transporte se encarece, los insumos se disparan y el agricultor colombiano —sin cobertura ni respaldo— termina absorbiendo el golpe.
Pero sería cómodo culpar únicamente al contexto internacional.
Colombia ha tomado decisiones internas que amplifican este impacto. La incertidumbre regulatoria, los mensajes contradictorios en política energética y la falta de una estrategia clara para garantizar insumos a precios competitivos han debilitado la capacidad del país para amortiguar choques externos.
El gobierno del Gustavo Petro ha insistido en una transición energética acelerada sin resolver un problema básico: el agro depende hoy —no en 20 años, hoy— de fertilizantes derivados de hidrocarburos. Desincentivar la exploración y generación de gas sin una alternativa funcional no es transición, es trasladar el costo al productor.
El recurso fácil del Estado ha sido ampliar subsidios, pero hay que decirlo con claridad: los subsidios nunca serán suficientes frente a choques estructurales de precios. Son, en el mejor de los casos, un alivio temporal y focalizado, pero no una solución de fondo. Cuando los fertilizantes suben 30%, 40% o más por factores internacionales, ningún programa fiscal sostenible puede cubrir esa brecha sin generar un desbalance en las finanzas públicas. Peor aún, los subsidios mal diseñados terminan distorsionando el mercado, incentivando ineficiencias y llegando tarde o de manera incompleta a quienes realmente producen. Convertir el agro en dependiente de ayudas estatales es condenarlo a la fragilidad permanente.
No todos los sectores del agro sufren por igual, y ahí está otro problema que la política pública suele ignorar. Los más golpeados son aquellos altamente dependientes de fertilizantes y de ciclos intensivos de producción: arroz, maíz, papa y café, pilares de la seguridad alimentaria y del ingreso rural. En estos cultivos, el costo de los insumos puede representar entre el 30% y el 50% de la estructura total, lo que hace que cualquier incremento internacional se traduzca de inmediato en pérdida de rentabilidad. A esto se suma la ganadería intensiva y la producción de alimentos balanceados, que dependen de granos importados también afectados por la volatilidad global. Es decir, el impacto no es marginal: está concentrado justamente en los sectores que sostienen el consumo interno del país.
El resultado es predecible: menor rentabilidad, reducción en áreas sembradas y presión inflacionaria en alimentos. Es decir, el problema no se queda en el campo; termina golpeando directamente el bolsillo de todos los colombianos.
Aquí hay tres conclusiones incómodas pero necesarias. Primero, el país no tiene soberanía agrícola si depende críticamente de insumos importados sin política de cobertura. Segundo, la transición energética sin sincronización sectorial destruye competitividad en lugar de construirla. Y tercero, la improvisación regulatoria es, en la práctica, un impuesto oculto al productor.
¿Qué hacer?
No se trata de revertir el mundo, pero sí de actuar con rigor: establecer un fondo de estabilización de insumos agrícolas que amortigüe picos internacionales de precios; incentivar la producción nacional de fertilizantes, apalancando gas local mientras exista demanda real; implementar compras agregadas o coberturas internacionales para proteger a pequeños y medianos productores; y, sobre todo, alinear la política energética con la realidad productiva. Sin gas competitivo, no hay agro competitivo.
Colombia no puede controlar lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz. Pero sí puede decidir si esos choques externos se convierten en crisis internas.
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